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Marco Legal: Derechos y Garantías Constitucionales

La Constitución de la Nación Argentina consagra una cantidad de derechos fundamentales. De acuerdo a su propio texto, es la ley suprema de la Nación, por lo que debe primar en caso de contradicción con otras normas nacionales o locales.

En virtud de la reforma constitucional de 1994, existen once tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y que deben entenderse complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Entre dichos tratados podemos mencionar: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo.

Asimismo, la reforma constitucional ha especificado que los demás tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, por lo que en caso de contradicción entre un tratado y una norma nacional o local, el tratado debe primar. Esto adquiere especial relevancia en relación a los más de sesenta tratados bilaterales de protección de inversiones extranjeras que Argentina ha ratificado.

Entre los derechos protegidos por la Constitución, se encuentran, entre otros: el derecho de trabajar y ejercer industria lícita; el de usar y disponer de la propiedad; el derecho de propiedad (según el cual nadie puede ser privado de ella sin sentencia fundada en ley); el principio de legalidad (según el cual nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer lo que ella no prohíbe); el principio de legalidad tributaria (según el cual los impuestos deben ser establecidos exclusivamente por el Congreso); el principio de igualdad y el derecho a defensa.

La Constitución establece que los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos de los ciudadanos; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; y no están obligados a pagar contribuciones forzosas extraordinarias.

Como sucede en todos los países del mundo, las normas constitucionales deben ser respetadas y seguidas por toda la normativa infraconstitucional (leyes, decretos, demás actos de gobierno y actos privados).  No obstante, en los supuestos en que dichas normas se consideren vulneradas, se garantiza a los habitantes el acceso a la justicia con el fin de impedir o subsanar dicha violación, dado que los jueces son los garantes del cumplimiento de la Constitución Nacional.


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