Martelli Abogados Inicio  | Mapa del Sitio  | Webmail
Español     English     Português

Marco Legal: Hidrocarburos y Minería

Hidrocarburos

La Ley de Hidrocarburos Nº 17.319, sancionada en el año 1967, establece el marco normativo para la exploración y explotación del petróleo crudo y el gas natural en Argentina. El transporte y la distribución del gas natural, por su parte, se rigen por la Ley Nº 24.076, sancionada en el año 1992.

Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos pertenecen a las provincias en donde se encuentren situados, incluyendo los ubicados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de 12 millas marinas. Por su parte, pertenecen al Estado Nacional los yacimientos que se encuentren a partir de las 12 millas marinas. En el año 2006, mediante la Ley Nº 26.197, las provincias asumieron facultad de concesionar y administrar sus yacimientos hidrocarburíferos, sin perjuicio de haberse reservado para la Nación la facultad de dictar las políticas generales en materia de energía.

Las actividades de exploración, explotación, industrialización y comercialización de los hidrocarburos pueden estar a cargo de empresas estatales, privadas o mixtas.

Para las actividades de exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, las provincias se encuentran facultadas para conceder permisos de exploración y concesiones de explotación. Los titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación deben poseer solvencia financiera y capacidad técnica adecuada para realizar las tareas inherentes a tales derechos.

El plazo de vigencia de los permisos de exploración podrá ser de hasta 14 años (tres períodos de 4, 3 y 2 años, respectivamente, con más una prórroga de hasta 5 años) y 17 años para la exploración costa afuera, según se fije en los respectivos concursos.

Si el titular de un permiso de exploración hallare cantidades comercialmente explotables de petróleo o gas, podrá solicitar una concesión de explotación, la que confiere el derecho exclusivo a extraer hidrocarburos en el área cubierta por aquélla. Su plazo es de 25 años (a los que se deben adicionar los plazos no utilizados del permiso de exploración al tiempo de otorgar la concesión sobre cada lote), que puede ser prorrogado por 10 años adicionales. El titular de una concesión de explotación debe solicitar el otorgamiento de una concesión de transporte si el ducto que transporta su producción excede los límites de los lotes que integran la concesión de explotación.

Los concesionarios de explotación deben abonar a las provincias donde se encuentren sus concesiones una regalía del 12% sobre el producido de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo, que podrá reducirse hasta el 5% en función de la ubicación y productividad de los pozos. La producción de gas tributa una regalía del 12% del valor de los volúmenes extraídos y efectivamente aprovechados, valor que podrá reducirse hasta el 5% en función de la ubicación y productividad de los pozos.

La actividad hidrocarburífera en Argentina estuvo signada hasta los comienzos de la década de 1990 por una fuerte intervención del Estado por medio de la acción de las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado. El rol del sector privado en el negocio – fundamentalmente en las actividades de exploración y explotación de yacimientos – era reducido. En 1989, el Poder Ejecutivo Nacional dictó los Decretos Nº 1055/89, 1212/89 y 1515/89, que constituyeron los pilares de la política de desregulación petrolera implementada en la década del noventa (Régimen de Libre Disponibilidad). Mediante dichas normas se dispuso -entre otras cuestiones- la libertad de precios y de disponibilidad de los hidrocarburos producidos.

A partir del año 2002 se dictaron una serie de normas que limitaron dicha libertad de precios y disponibilidad de hidrocarburos con fundamento en Emergencia Económica, Ley Nº 25.561.

En el año 2012, mediante la sanción de la Ley Nº 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera y su Decreto reglamentario Nº 1277/12, se pretende limitar el Régimen de Libre Disponibilidad, con mayor intervención estatal en las etapas de exploración, producción, refino y comercialización del petróleo y gas.

Minería

En Argentina, los minerales son propiedad de las provincias y, aunque la actividad está regida por un Código de Minería de la Nación que se aplica en todo su territorio, son las provincias las que otorgan los derechos mineros a las personas físicas y las empresas.

Todo mineral en Argentina es susceptible de exploración y explotación. Los minerales nucleares, como el uranio y torio, están sujetos a un derecho preferencial de compra, a precios de mercado, por parte del Estado Nacional.

La forma más frecuente de adquirir derechos mineros en la República Argentina es a través de la compra de Permisos de Exploración (“cateos” o “manifestaciones de descubrimiento”) o de Concesiones Mineras mediante la firma de acuerdos con personas físicas o empresas. Algunas provincias cuentan con compañías mineras estatales de las cuales se pueden adquirir derechos mineros por medio de licitaciones o acuerdos de asociación.

La concesión de Permisos de Exploración implica el otorgamiento de derechos de exploración a sobre áreas determinadas de hasta 10.000 hectáreas, por un plazo de 1.100 días (previéndose restituciones parciales de superficie transcurridos 330 y 730 días, respectivamente), todo ello sujeto al pago de un canon de alrededor de US$ 100 cada 500 hectáreas en un plan de inversión mínima. Cabe destacar que no es posible obtener más de 20 Permisos de Exploración por provincia y que, una vez vencido el plazo original de un Permiso sobre un área determinada, no se podrán obtener prórrogas ni nuevos Permisos respecto de dicha área.

Con respecto a los derechos de explotación, el descubrimiento de minerales otorga el derecho de obtener una Concesión Minera a perpetuidad, sujeto a la producción continua del yacimiento descubierto. Sin perjuicio de lo antedicho, las Concesiones Mineras están sujetas al pago, a partir del tercer año del otorgamiento, de un canon anual que varía según el mineral explotado y que suele alcanzar un monto aproximado de US$ 200 cada 100 hectáreas de superficie, así como también al pago de una regalía que es fijada por la provincia y que puede estimarse en un 3% del valor en boca de mina del mineral explotado. Asimismo, las Concesiones Mineras se pueden vender e hipotecar como garantía de operaciones financieras.

Las autoridades de aplicación provinciales intervienen en todo aspecto relacionado con la validez de los Permisos y Concesiones, el control de los compromisos de inversión, el otorgamiento de servidumbres sobre terrenos superficiales, el registro de cesión de los Permisos y Concesiones, etc. En general, las municipalidades carecen de cualquier autoridad en el ámbito de la minería, pero aplican impuestos llamados “tasas” para compensar la prestación de determinados servicios municipales o controles de seguridad. Ocasionalmente, otras entidades del gobierno nacional también se involucran en operaciones relacionadas con la minería como por ejemplo en lo que respecta a la reglamentación del transporte nacional, del suministro de energía, problemas ambientales transjurisdiccionales, puertos, entre otros asuntos.

En cuanto a las normas de protección ambiental para la actividad minera, el Código de Minería de la Nación incluye un capítulo referido al tema y las autoridades mineras de las provincias son las responsables de hacerlas cumplir. Por ejemplo, todas las actividades de Exploración y Explotación están sujetas a un Informe previo de Impacto Ambiental y a una audiencia pública. En particular, las provincias de Chubut, Río Negro, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba y San Luis han prohibido el uso de cianuro en minería, mientras que la provincia de La Rioja, que en su oportunidad también había prohibido dicho uso, ha vuelto a autorizarlo.

En materia ambiental, la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Glaciares prohíbe la exploración y explotación minera de áreas glaciales y periglaciales. La mayoría de las provincias que poseen áreas glaciarias y periglaciarias se oponen a dicha ley y han promulgado sus propias leyes sobre glaciares, exigiendo la previa evaluación de impacto ambiental.

El dominio de las aguas corresponde a cada provincia. Cada provincia tiene su propia “Ley” o “Código” de aguas que regula su uso y conservación. El uso de agua está sujeto al pago de una “tasa” (o “canon”) que debe pagarse a la provincia según sea su uso y la infraestructura hidráulica disponible en el área. Dicha tasa varía de manera significativa según cada provincia.

Los Permisos de Exploración y Concesiones Mineras conllevan el derecho de establecer servidumbres sobre terrenos superficiales. La falta de acuerdo entre el concesionario y el superficiario otorga al primero el derecho a obtener servidumbres superficiarias. El titular de una Concesión Minera puede demandar la venta forzada de la propiedad superficiaria.

Con respecto a los derechos de las comunidades indígenas, la Constitución Argentina establece que es función del Congreso Nacional promulgar una legislación de estado que garantice la participación de dichas comunidades en la explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras. Sin embargo, hasta ahora, dichas leyes no se han promulgado ni las comunidades indígenas han presentado ninguna demanda que pueda afectar los derechos de propiedad adquiridos en el marco del Código de Minería. De hecho, las demandas que se han presentado hasta ahora son equivalentes, en su naturaleza y consecuencias legales, a las presentadas por los superficiarios.

La actividad laboral minera se encuentra regulada de manera especial por Convenios Colectivos de Trabajo. El sindicato minero, AOMA, es una organización nacional con delegaciones en toda la República Argentina.

La industria minera goza de los beneficios e incentivos fiscales que son otorgados por la Secretaría de Minería de la Nación.

Régimen de Promoción Minera

A. Beneficios Generales

1. Beneficios Respecto del Impuesto a las Ganancias

  • Doble deducción de gastos relacionados con prospección, exploración, estudios especiales y otras actividades auxiliares.
  • Amortización acelerada: 33% durante 3 años por maquinaria, equipos, vehículos e instalaciones, y 60%, 20% y 20% por año durante el mismo plazo por equipos e infraestructura de trabajo.
  • Gastos de conservación del Medio Ambiente: Deducción de hasta el 5% por costos operativos.
  • Exención de ganancias (ganancias de capital) derivada del aporte de derechos mineros.

2. Beneficios Respecto del IVA Devolución anticipada de créditos fiscales por IVA respecto de importaciones y compras de bienes y servicios para actividades mineras de prospección y exploración.

3. Beneficios Respecto de la Importación Exención total de aranceles y tasas aduaneras por la importación de bienes de capital, repuestos y determinados insumos.

4. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta Exención total.

5. Impuesto a los Ingresos Brutos Las actividades mineras están sujetas a una tasa menor al 1%.

6. Regalías Al adherir al régimen establecido por la Ley de Inversiones Mineras, todas las provincias con importante actividad minera aceptan percibir un porcentaje tope del 3% sobre el valor en boca de mina del mineral extraído.

7. Impuesto de Sellos Varias provincias han creado exenciones al pago de impuesto de sellos para acuerdos relativos a la minería.

B. Estabilidad Fiscal

Las provincias con una actividad minera importante han adherido al régimen que supone la posibilidad para las personas físicas y empresas inscriptas de acceder a una Estabilidad Fiscal por un período de 30 años mediante la presentación de un estudio de factibilidad, que contenga todos los beneficios incluidos en el mantenimiento de la carga fiscal corriente, total, nacional, provincial y municipal de nuevos proyectos (y expansiones de proyectos ya existentes), y que incluya un alcance extensivo de asuntos tales como la creación de nuevos impuestos, el aumento de tasas, la derogación de exenciones o deducciones, etc. La Estabilidad Fiscal se aplicará no sólo al régimen fiscal general de la Argentina sino también a los incentivos y beneficios respecto de la industria minera otorgados por la Ley de Inversiones Mineras. El IVA y los aportes a la Seguridad Social se excluyen de la Estabilidad Fiscal.

La Estabilidad Fiscal no se puede considerar como un derecho adquirido hasta tanto la Secretaría de Minería de la Nación apruebe por escrito el estudio de factibilidad y otorgue el certificado correspondiente, el cual incluirá todos los impuestos aplicables y sus tasas válidos a la fecha de presentación del estudio de factibilidad, el cual debe ser enviado a las autoridades fiscales correspondientes.


ml_hidro
 
Copyright © 2009 | All rights reserved | Created and Maintained by Marketing Plus S.A.