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Marco Legal: Litigios y Arbitrajes

Debido a la organización federal del país, cada provincia posee su propio poder judicial y también existe un poder judicial federal con tribunales de primera instancia y de apelación en todo el territorio argentino.

La cabeza del poder judicial federal es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, inspirada en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tiene una jurisdicción similar. En las causas iniciadas ante tribunales provinciales también pueden recurrirse a la Corte Suprema por medio de un Recurso Extraordinario Federal si surge un caso federal durante el procedimiento. Todos los tribunales y juzgados realizan un control de constitucionalidad de las leyes pero es la Corte Suprema la que en última instancia resuelve.  

La constitución y las leyes de la Argentina contienen todas las garantías judiciales más comunes tales como la acción de amparo, el recurso de habeas corpus, la acción de habeas data (que protege contra información inexacta o discriminatoria existente en registros públicos o privados), etc. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha ido aceptando acciones de clase en algunos casos referidos a derechos fundamentales no económicos.

El arbitraje, tanto a nivel nacional como internacional, se ha convertido en práctica muy común en Argentina, especialmente para los contratos con punto de contacto internacional. Con frecuencia en tales contratos se hace referencia a normas de la Cámara de Comercio Internacional, de la AAA (Asociación de Arbitraje de los Estados Unidos) y de la CNUDMI. Asimismo, diversos tratados de derechos humanos han sido ratificados por Argentina, y algunos de ellos tienen jerarquía constitucional. Todos ellos son comúnmente aplicados en la justicia, mientras que varios casos de violación a tratados de derechos humanos han sido llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que Argentina ha aceptado la jurisdicción de ambas.

En virtud de la ley argentina, la elección de derecho en cuestiones donde no está implicado el orden público es ampliamente aceptada. Respecto de la jurisdicción, el principio es que, salvo por aquellos casos en los que la jurisdicción de los tribunales argentinos no puede prorrogarse, las partes tienen derecho a elegir tribunales extranjeros con respecto a las cuestiones que tienen punto de contacto internacional y que son sólo de índole patrimonial.


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